El CASO HUBER. LOS SECRETOS DEL CORONEL (PARTE I)

La mañana del 30 de enero de 1992 a Augusto Pinochet se le veía feliz. Ese día cumplía 49 años de matrimonio con Lucía Hiriat y para celebrarlo organizaron un almuerzo al que asistirían su familia y algunos militares cercanos.

Nadie sabía, sin embargo, que por dentro lo mortificaba un hecho que tendría un desenlace insospechado: la noche anterior, personal del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) había detenido al coronel Gerardo Huber Olivares y luego trasladado a dependencias de esa unidad, ubicadas en Talagante. Su arresto no había sido reportado y, por tanto, era ilegal. La razón fue que manejaba demasiada información sobre la verdad que se escondía tras la exportación ilegal de armas a Croacia, acción en la que estaban involucrados altos mandos del Ejército de Chile y de la Fábrica de Maestranzas del Ejército (FAMAE).

Ante la inminente amenaza a su reputación, Pinochet debía decidir con urgencia cuál sería el paso siguiente. No tenía muchas opciones; una era extorsionar al coronel para que no concretara su intención de declarar el hecho ante la Justicia. La otra era su ejecución, notificando su muerte como un suicidio.

Al mismo tiempo, los festejos del aniversario continuaban. Entre los invitados estaban Hernán García Pinochet, nieto del ex Comandante en Jefe, junto a su señora e hijo, Loreto Tapia y Felipe, motivo de un matrimonio prematuro que duraría pocos años. Al llegar, Loreto, ahijada del coronel Huber, notó mucho movimiento de militares y un ambiente tenso que no correspondía al de una celebración; en sus palabras, “estaba la cagada”. Dieciocho años después de este suceso, ella relata que Pinochet salió a recibirlos y, sin mucho preámbulo, invitó a la joven a su oficina privada, le pidió que cerrara la puerta y directamente le dijo: “Loreto, tu tío desapareció, pero no te preocupes, lo vamos a encontrar”. La muchacha no entendió completamente a qué se refería porque hacía un par de horas había estado con su padrino en la casa de sus padres, ubicada en San Alfonso, Cajón del Maipo. Pero antes de que ella pudiera decir algo, el general agregó: “No entiendo por qué desapareció, si él sabe que todo está solucionado”.

La conversación no duró mucho. Loreto intentó reponerse y, al salir del despacho, decidió que debía volver lo antes posible a San Alfonso para estar con su tía Adriana, esposa de Huber. Comió rápido, y así también se despidió, pero cuando pasó frente a Marco Antonio, el hijo menor de Augusto Pinochet, de manera casi burlesca éste le comentó: “Tu tío está más rayado que cuaderno de matemáticas”, refiriéndose a la depresión que hace dos años padecía su padrino.

Tres semanas después de esa escena, tras una persistente búsqueda por el sector del río Maipo donde se suponía que Huber había desaparecido, un grupo de hombres del Regimiento de Alta Montaña Nº2 de Puente Alto encontró el cuerpo. El cadáver del coronel estaba 40 metros más al sur del puente El Toyo, sobre una pequeña isla de piedras, como si hubiese sido depositado ahí a propósito. En el parte realizado el 26 de marzo de 1992 por la Policía de Investigaciones se estableció que, “en la región parietal derecha, a la altura de la oreja, a 4,5 cm de la línea media, se observa una lesión circular de 1 cm de diámetro”. Este peritaje sería clave para que más tarde la justicia resolviera que se trató de un asesinato.

Así el caso del Coronel Gerardo Huber, muerto a los 47 años de edad y con 28 dedicados al Ejército, se convertiría en el primer crimen cometido por agencias de inteligencia militar, tras el regreso a la democracia en nuestro país.


El camino a la muerte


Gerardo Huber Olivares murió por saber mucho, quizás demasiado. Él manejaba prácticamente toda la información sobre los ingresos económicos ilegales de la familia Pinochet, el tráfico de armas químicas, narcotráfico a Europa, ejecución de disidentes políticos, desaparición de oficiales “desleales” y el asesinato del General Prats. En otras palabras, su vida dependía de su silencio. Y sin embargo no calló, sentenciando así su muerte.

Todo empezó en 1973, justo después del golpe militar del 11 de septiembre del mismo año. Por entonces, Gerardo entró como agente a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Luego de unos meses, se le notificó una misión que sellaría para siempre su relación con las organizaciones de inteligencia del Ejército: en marzo de 1974 debía viajar a Argentina para infiltrarse en las estructuras clandestinas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y de Montoneros , y facilitar así la intervención de fuerzas represivas argentinas, desarticulando sus organismos. Esto, bajo el marco regulatorio de la eliminación de grupos subversivos en los países del cono sur, pacto en el que participaron todos los centros de inteligencia de los gobiernos militares de Sudamérica a fines de los 70. La función de la denominada Operación Cóndor consistía en intercambiar información relevante y detener en las fronteras a estos grupos disidentes que ponían en riesgo a los regímenes militares de la época.

En la DINA Huber llevó a cabo este tipo de funciones, que demostrarían su capacidad y ayudarían a ganarse la confianza de sus superiores. Era percibido como un militar intachable y amante de su patria. Trabajaba con meticulosidad en cada misión que se le encomendaba bajo el valor de la lealtad a sus amigos y principalmente a su institución.

En Argentina, su compañero de operaciones fue Guillermo Jorquera, sargento del Ejército chileno y colaborador activo en el asesinato del General Prats, ocurrido en Buenos Aires en septiembre del 74. Jorquera contaba con información privilegiada sobre el caso. Sin embargo, hasta ahora no se sabe si los documentos que contenían todo lo recabado sobre el asesinato a Prats, desaparecieron o los entregó a un tercero con el fin de que se aclarara el asesinato. El Ejército estimó que el sargento debía ser dado de baja por su deslealtad con la institución.

A raíz de eso, y por las amenazas de sus superiores en cuanto a que su traición le iba a costar caro, Jorquera entró en una fuerte depresión. Y no le faltaba razón, porque el 23 de enero de 1978, fue secuestrado y trasladado a Arica en calidad de detenido. Torturado durante un año, fue finalmente acribillado en 1979. Tal como su ex compañero de labores en el exterior, Gerardo Huber pudo haber corrido la misma suerte, pero al coronel lo caracterizaba su discreción. Siempre ocultó la información que manejaba, incluso a su familia y amigos.

Luego de sus trabajos como infiltrado en grupos subversivos, fue jefe de Inteligencia de las regiones IX y X, misión encomendada en 1975. Se trasladó entonces a Osorno junto a su mujer Adriana Polloni. En ese puesto conoció al Mayor Julio Muñoz Bustamante con quien engendró una amistad entrañable. “Sería para siempre el mejor amigo de Gerardo”, cuenta hoy día Adriana.

Las familias Huber y Muñoz comenzaban a fines de los 70 una amistad que perduraría por 26 años. Veraneaban todos los años en Puerto Varas, les gustaba ir de camping. En esta gran afinidad coincidían también sus respectivos hijos. Prueba de esta férrea cercanía fue la elección de “Julito” como padrino de José Ignacio, el menor de los Huber.

Sus trabajos en las agencias de represión del régimen militar terminaron en 1987, año en que Huber fue encomendado para hacerse cargo de una unidad especialmente importante para la dictadura de Augusto Pinochet en esos momentos: el Complejo Químico del Ejército, ubicado en Talagante. En ese lugar comenzó a trabajar junto al bioquímico Eugenio Berríos, al que conocía desde fines de los 70 cuando ambos trabajaron en el Complejo Industrial Militar de la misma zona.

Esta nueva designación se convirtió en su peor pesadilla. En ese Complejo se enteró de cosas tan graves como el narcotráfico a Europa, que involucraba a la familia Pinochet, hecho que Manuel Contreras, ex director de la DINA, confirmaría en un informe entregado a la justicia en julio del 2006. Justamente Berríos era uno de los cocineros de la “coca negra” o “coca rusa” y Marco Antonio, el encargado de la exportación junto al empresario chileno de origen sirio, Edgardo Bathich Villarroel. Fue así como el Coronel Huber pasó a ser la mano secreta del entonces Comandante en Jefe, y una de las personas que manejaba esa delicada información confidencial. Sin querer, se había convertido en cómplice.

Pero eso no sería todo a lo que Gerardo tuvo acceso en Talagante, también conoció de cerca lo que Berríos preparaba. El “químico loco”, como le llamaban, elaboraba algunas de las armas con las que se eliminaba a subversivos políticos del régimen militar, como sucedió por ejemplo con el Conservador de Bienes Raíces Renato León Zenteno en 1976 y también el cabo del Carabineros y ex agente de la DINA Manuel Leyton 1977. El gas Mostaza y gas Sarín fueron algunos de los métodos de exterminio implementados por el gobierno dictatorial, ambos desarrollados por Berríos y que además serían incluidos en las exportaciones de armas a Irán, llevadas a cabo en los años 80.

Esa información documentada pasaba por las manos de Gerardo Huber, sobre todo en 1989, época en que fue designado como Gobernador de Talagante por el propio Augusto Pinochet. El coronel se mantuvo en silencio hasta que se arrepintió y comenzó a buscar maneras para que se supiera lo que hasta ese entonces pocos conocían. Huber había guardado en máximo secreto los archivos que develaban la procedencia de gran parte de la fortuna de los Pinochet Hiriart y también de varios crímenes que personal de Ejército había cometido durante esos años y que de ser revelados, arriesgaba la honra y el prestigio del ex presidente. Huber no soportó esconder tanta y tan importante información.
Las actividades en las que estaba implicado, desencadenarían una fuerte depresión, que lo llevó a tomar la decisión de hablar sin importar las consecuencias que esto significara, incluso poniendo en juego su propia vida.

Desgraciadamente denunció estos delitos a gente equivocada. Confió en personas que poco conocía. Así fue como a mediados del 89, en una fría noche, visitó al suboficial del Batallón de Mantenimiento de Material Blindado y Artillería de Renca, Rodrigo Peña González. A este le comunicaron, que un oficial del Ejército lo esperaba en un auto estacionado afuera y que necesitaba hablarle con urgencia. Rodrigo Peña accedió a la petición, caminó hacia el auto y se sentó en el asiento del copiloto. Quien lo esperaba era el coronel Gerardo Huber. "Me preguntó si podía guardar reserva puesto que estaba al tanto de ciertos hechos graves, pero que confiaba en que siempre había una ocasión para revertir estos actos", diría once años más tarde en declaraciones prestadas a la justicia. También develaría que Huber le confesó “que deseaba hacerme partícipe de la información que manejaba, entregándome un documento escrito a máquina por él mismo sobre el tráfico de armas…y que si algo le sucedía lo entregara a la justicia”.

Esos cerca de diez documentos estaban timbrados como secretos y firmados por el entonces Director del Departamento de Logística, general Carlos Krumm, que sólo tres años después se convertiría en jefe directo de Gerardo. Éste fue quien le encargó la misión que terminaría por involucrarlo de manera directa en las ilegalidades que venía cometiendo Pinochet, junto a un círculo de militares cercanos, desde que asumió el gobierno de Chile. Por eso Huber se acercó a Peña. Pensó que ese era el momento para revertir su condición de encubridor, creyendo que entregar todos esos documentos sería la mejor manera de blanquearse.

En esa reunión informal con Peña, el coronel le pidió que tuviera especial cuidado con la información respecto de la exportación de armas a países árabes, ya que sería de vital importancia para la investigación periodística que desarrollaba por entonces en Chile el reportero británico Jonathan Moyle.

La idea de Huber por contar la verdad a través de la prensa no prosperó. Moyle apareció muerto, colgado en el closet de su habitación en el Hotel Carrera, en circunstancias extrañas que la justicia jamás aclaró y cuyo caso se cerró bajo el título de suicidio.

El 2001 Rodrigo Peña pidió asilo político en Delfzijl, Holanda, luego de haber sido torturado por dos agentes de Inteligencia a causa de las conversaciones con Gerardo Huber. Probablemente pudo haber sido el mismo Peña quien haya confesado a mandos superiores los planes del coronel. Por lo mismo, cuando se publicó la noticia sobre el fallecimiento de Moyle, Huber se sintió extremadamente culpable. Quizás esa misma culpa haya caído también sobre Peña González, luego de la muerte del coronel que le había confiado su palabra.


El último intento para callar a Huber


El último cargo de Gerardo Huber fue en 1991 como Jefe del Departamento de Adquisiciones de la Dirección de Logística del Ejército. A pesar del calor, Adriana Polloni, toma un café en el patio de su casa y recuerda que su marido era muy minucioso con su trabajo y en cada puesto que asumía, dedicaba el primer mes a revisar antiguos documentos y proyectos relacionados con su cargo. Fue esta misma meticulosidad la que lo llevó a encontrar irregularidades en diferentes áreas y quiso informarle de esto a Pinochet.

“Fue a visitarlo a su oficina y le dijo Mi general, aquí hay cosas que no están funcionando, aquí hay algo incorrecto. Él lo mandó al Hospital Militar, específicamente al sector de Psiquiatría, argumentando que estaba loco”. Es lo que cuenta hoy José Ignacio Huber refiriéndose a uno de los motivos principales por los que su padre comenzó mal en su nuevo cargo.

Definitivamente ya no quería saber más sobre irregularidades. Huber había arriesgado su vida dos años atrás, cuando le confesó a Rodrigo Peña su intención de contar la verdad. Y, a estas alturas, su depresión lo tenía muy afectado. Cargaba un peso que quería quitarse desde hacía años, desde que calló por primera vez la información respecto del asesinato de Prats en Argentina. No obstante, ahora debía volver a las “canchas”.

Gerardo Huber no llevaba ni un año en su nuevo trabajo cuando debió enfrentarse por segunda vez a un superior, el General Carlos Krumm. Todo comenzó por un llamado que recibió a la hora de almuerzo desde Quillota. Era Krumm, reunido con el General Guillermo Letelier, en ese tiempo director de FAMAE. Le comunicaban que en menos de 24 horas debía poner a disposición de esta organización a Ramón Pérez Orellana, agente de Aduanas que pertenecía al departamento de adquisiciones a cargo del coronel Huber.

Al día siguiente, el General Krumm lo citó a su oficina para que le informara. A Gerardo le había quedado una duda: ¿para qué necesitaban a Pérez si FAMAE tenía sus propios agentes aduaneros? La pregunta fue respondida de manera lacónica. Huber acató la respuesta como orden e intentó olvidar el tema.

Pero el 1 de diciembre del 1991, el nombre de Ramón Pérez volvería a aparecer. A través de las noticias Gerardo se enteró de que en Budapest se había encontrado gran cantidad de armamento bélico proveniente de Chile y con destino a Croacia.

Esta era una de las irregularidades a las que hacía alusión Gerardo cuando se reunió con Pinochet. Se refería entonces a las negociaciones que comenzaron a gestarse supuestamente el 20 de noviembre de 1991, en el Consejo de Generales, llevadas a cabo en el Club Militar de Lo Curro, donde Guillermo Letelier le había comentado a Augusto Pinochet sobre el plan de exportar armas del Ejército y FAMAE a Croacia, en ese momento en plena guerra de Los Balcanes. Su idea básicamente era que por medio de una Orden Comando , las armas del Ejército en desuso fueran traspasadas a FAMAE para su posterior venta al exterior. Pinochet estuvo de acuerdo con el proyecto y aceptó la propuesta. Pensó además que llegaría un dinero inesperado debido a que el destino de aquellas armas era sólo su destrucción.

La recaudación estaba evaluada en US$203.330,00 y el proyecto era ilegal por donde se le mirara. Primero, porque los bultos se identificarían bajo el rótulo de “Pertrechos de Propiedad del Estado”, lo que se prestaba para una descripción mucho más genérica de lo que realmente contenía en su interior. Segundo, los documentos de envío informarían sobre la exportación de armas casi obsoletas provenientes de FAMAE (no desde regimientos del Ejército como sucedió) asegurando que eran Ayuda Humanitaria para Sri Lanka. Todo esto era falso puesto que las armas no eran únicamente de FAMAE, así como tampoco estaban en calidad de desecho.

Además, se detectó una orden de recepción firmada por el ministro de Relaciones Exteriores de dicho país asiántico, el Sr. C. Ranatunga. Sin embargo, él mismo se encargaría de aclarar que nunca firmó ningún documento que validara tal operación, principalmente porque jamás supo de un envío de armas a su ejército. Según el Informe Pericial Nº 292 del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, contenida en la investigación judicial del Caso Armas, el papel que tenía la firma de Ranatunga fue impreso desde las máquinas de la Fábrica y Maestranzas del Ejército y no desde el Cuartel General de Sri Lanka, lo que prueba su falsificación en FAMAE.

Definitivamente Sri Lanka no era la meta original de las armas. Su destino era Croacia. Se trasgredía así un decreto de la Organización de las Naciones Unidas, al cual suscribe Chile, que dice que ningún país en guerra puede ser beneficiado por otro.

El primero de diciembre de 1991 llegaría a la capital de Hungría el Boeing 707 que un día antes había salido desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez con 370 toneladas de material bélico. Pero la operación fracasó luego de hacer una escala técnica en Miami, donde agentes de la CIA habían descubierto el plan e informado a la Interpol húngara. Originalmente la idea contemplaba transportar el cargamento por tierra desde ese país hasta Croacia, ya que en este último no podían aterrizar aviones de carga o de pasajeros por estar en guerra, aunque también se manejó la hipótesis de que una falla en la aeronave habría obligado a los pilotos a parar en Budapest.

Las armas que se decomisaron en Hungría fueron exportadas sin ningún permiso oficial. Según el artículo 4º de la ley orgánica del Honorable Consejo Superior de FAMAE, la Dirección, a cargo de Letelier, no tiene la facultad de efectuar exportaciones con ganancias sobre 250 Unidades Tributarias Mensuales, valor que estaba altamente sobrepasado con el envío de armas a Croacia y que además, nunca fue aprobada por el Consejo. Peor todavía, la autorización de la Orden Comando llegó a las inmediaciones de FAMAE el 6 de diciembre, cuando el tráfico ya había sido descubierto e informado a través de los medios de comunicación.

Fue así como se comenzó a organizar la exportación ilegal. Nadie podía saber acerca del envío de armas a Europa, ni el Honorable Consejo de FAMAE, ni el Ministerio de Defensa, ni el de Relaciones Exteriores, así como tampoco los familiares de los involucrados. El secreto planeando entre no más de 15 hombres debía ser inviolable. Pero una excepción a la regla fue Gerardo Huber. Por su calidad de jefe no sólo se mantuvo al tanto de esta operación: también se involucró directamente en ella, tras cumplir la misión que días antes el General Krumm le había ordenado.

“Incautan armas chilenas destinadas a Yugoslavia”, tituló el martes 10 de diciembre el diario La Nación, sin que aún se supiera el verdadero destino. Huber sí lo sabía; también conocía la procedencia y a la gente implicada en esta operación ilegal. Apenas se publicó la primera noticia, ya se citaba el nombre de Ramón Pérez, el agente aduanero designado como tal para la exportación. Cuando esto ocurrió, la depresión de Gerardo afectó aún más su vida y a quienes lo rodeaban. “Hacía cosas raras”, cuenta Adriana, quien rompía en este momento la consideración por la reserva que su marido solía mantener en lo que concernía su trabajo. Esta vez le exigió que le contara a ella y a sus hijos qué era lo que lo involucraba en el Caso Armas.

Adriana recuerda que un domingo a la hora de almuerzo, toda la familia estaba en la mesa y, ante su ultimátum y la encrucijada con la que se encontró, Huber comenzó a relatar paso a paso cómo se había visto implicado en este caso. Finalizó su re asegurando que no tenía nada que ver con esta situación, que no sabía para qué le habían pedido poner a disposición de FAMAE a Pérez Orellana y que él sólo había cumplido una orden de su superior, el General Krumm.

Para Gerardo Huber, la gota que rebalsó el vaso fue que Ramón Pérez Orellana había sido el único detenido por la exportación de armas a Croacia. Principalmente porque él mismo le había ordenado dirigirse a FAMAE para ponerse a disposición del General Guillermo Letelier. Julio Muñoz, su compadre, era testigo de la preocupación de Gerardo cuando la noche del año nuevo de 1991, que pasaban juntos, Huber le pidió que lo acompañara a visitar a Ramón Pérez. Ese sería el último contacto del agente aduanero con el coronel.